* Fepade investiga varias denuncias de presuntos delitos electorales en la entidad
Por: Jesús González
Chetumal.- El cese del Fiscal Especial en Atención a Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, realizado por el encargado de la PGR, generó reacciones entre diversos actores políticos de Quintana Roo al haber iniciado desde el pasado 8 de septiembre el proceso electoral federal 2017-2018, pero además por la posible intervención del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, lo que sería un caso de tráfico de influencias e impunidad.
Aunque varios de los actores políticos e incluso autoridades electorales en los «corillos» reconocían el trabajo y la trayectoria que hasta ahora había tenido Santiago Nieto Castillo como titular de la Fepade, ninguno dio a conocer una postura a nivel público y estarán en la espera de la decisión que tome el Senado de la República en los próximo días.
Tal y como dio a conocer la PGR mediante un comunicado, Santiago Nieto Castillo fue removido del cargo, presuntamente por transgredir «lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República» al dar a conocer que el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, le mandó una carta en la que le pedía evitar implicarlo en el caso Odebrecht, en el que presuntamente se habrían desviado recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012.
Sin embargo, fue mediante su cuenta de Twitter que Santiago Nieto Castillo adelantó que acudirá al Senado: «Soy un hombre de leyes. Creo en el Estado Constitucional de Derecho. Acudiré al Senado en términos de la Constitución», escribió.
Posterior a eso, representantes de las fracciones parlamentarias del PAN, PRD, Morena y del PT en el Senado así como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) coincidieron en señalar que la revocación del titular de la Fepade un atentado al Estado de Derecho, la justicia y la democracia en México. Asimismo por la plataforma Charge.org, ciudadanos convocaron a firmar la petición para que la Cámara Alta objete la decisión hecha por el representante de la PGR.
Es importante señalar que la decisión del encargado de la PGR, puede ser objetada voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, basados en la reforma política del 2014 en su transitorio Décimo Octavo.
» La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la fiscalía de que se trate, será restituido en el ejercicio de sus funciones».
En el Senado hay 37 representantes del PAN, 8 representantes del PRD, 16 representantes del Partido del Trabajo y 5 sin grupo parlamentario. Juntos suman 66 senadores, es decir, 51% de la Cámara. Son mayoría. También se alega que Alberto Elías Beltrán, al ser el encargado de la PGR y no el titular, no puede destituir al encargado de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).