Jesús González
Chetumal. – El presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Eduardo Martínez Arcila sentenció que cualquier servidor público que no presente su declaración de bienes patrimoniales en los tiempos que marca la ley debe ser sancionado con la destitución del cargo por lo que restará a los legisladores esperar el informe respectivo para iniciar con el procedimiento.
Esto en relación al proceso que deberá enfrentar en los siguientes días el magistrado del Poder Judicial del Estado, Carlos Lima Carvajal luego que el pleno se declarará incompetente para sancionarlo y decidió que sea la XV Legislatura local quien con base a sus facultades aplique la ley.
«Cualquier servidor público que no haya declarado dentro del término que marca la ley que son 60 días, obviamente la sanción es la pérdida del nombramiento; se tienen que ver los procedimientos en las instancias que sean facultadas para poder aplicar las sanciones correspondientes » sentenció el legislador.
Eduardo Martínez Arcila dijo que no han recibido el expediente del caso de manera oficial por parte del Poder Judicial y será cuando conozcan a fondo el contenido cuando definan las acciones a seguir independientemente si el magistrado Carlos Lima está amparado y adelantó que buscarán que la comisión de Justicia sesione para revisar las solicitud de juicio político presentado en su contra por la consejera Claudia Carrillo Gasca.